Los Hechos / José Inés Figueroa Vitela

¡D´artagnan al ataque!
La aguerrida diputada priísta riobravense, COPTIZI YESENIA HERNÁNDEZ, ayer ocupó la tribuna, al cierre de la sesión plenaria semanal del Congreso Local, para reclamar al gobierno federal la cancelación del componente salud del Programa de Inclusión Social PROSPERA.

Miércoles 03 de Abril del 2019

Por: José Inés Figueroa Vitela

19:19 Hrs.

La aguerrida diputada priísta riobravense, COPTIZI YESENIA HERNÁNDEZ, ayer ocupó la tribuna, al cierre de la sesión plenaria semanal del Congreso Local, para reclamar al gobierno federal la cancelación del componente salud del Programa de Inclusión Social PROSPERA.

En el punto de Asuntos Generales, la legisladora local que llevaba media gestión reclamando al Estado la ampliación de los servicios, en cantidad y calidad, para las comunidades rurales, no se resigna a que ya “ni poquito” habrá con las disposiciones federales para el presente ejercicio.

No se pondrían de acuerdo, pero al tiempo, en lugar distante, otras funcionarias igual ponían el dedo en la yaga de otros programas de alto impacto social que se están quedando en el aire sin la subvención de la federación.

GLORIA GARZA, la Subsecretaria General de Gobierno, habló de la ausencia de apoyos fiscales federales para atender las crecientes necesidades para atender a los migrantes que en masa se están dejando venir, varados aquí, desbordando los albergues, donde al menos requieren de alimentos, medicinas y atención.

Y la Directora del Sistema DIF estatal, OMHEIRA LÓPEZ REYNA, de las Guarderías y hasta la prestigiada Escuela de Especialistas en Rehabilitación Física, el CREE, cuyos egresados ocupan la demanda de los principales centros del país, pero el Gobierno Federal ya les anunció que para el siguiente ciclo deberán cerrar, porque ya no se pagará a maestros y equipos de apoyo.

Esos son algunos ejemplos de los programas que el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha mandado cancelar, sin considerar las repercusiones y por los que el Gobierno estatal ha anunciado su decisión de intervenir, hasta donde le alcance, con los recursos propios, para paliar las afectaciones sociales.

Hay otras acciones de histórica injerencia federal cuya cancelación significa un alto impacto, especialmente en los sectores productivos y de manera marcada en el campo, para los que no hay recurso local que alcance.

Pero como la política del nuevo gobierno federal fue entregar cheques a diestra y siniestra, como eje de su operatividad, ese empecinado estilo consume punto menos que la totalidad de los recursos fiscales disponibles, debiendo cancelar el grueso de las demás acciones institucionales.

Los reclamos de los diputados y los lamentos de los funcionarios públicos serán nada, cuando levantadas las cosechas de este año, por ejemplo, los campesinos encuentren que les cuesta más trabajar las tierras, a lo que les darán por su producción.

Claro, la consecuencia natural sería la parálisis productiva nacional primaria, pero antes de llegar a ello, júrelo, los campesinos, ejidatarios y parvifundistas, reclamarán por las vías que sean necesarias, su derecho al trabajo honesto y a una vida digna.

Los cierres de carretera que hasta ahora hemos visto en San Fernando y las manifestaciones en torno de los cruces internacionales serán pecata minuta, júrelo.

Van a perder más de los hipotéticos votos con los que hacen cuentas de ninis, becarios y sujetos del cheque fácil.

Eso es una cosa, lo de las faltas en el manejo de los planes, programas y presupuestos, con los que han justificado algunas de aquellas acciones merecerán, eventualmente, algún castigo para los responsables, pero nunca su cancelación.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63 millones 853.8 miles de pesos, que representó el 70.5% de los 90 millones 556.8 miles, transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud en el 2mil 17.

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Tamaulipas no había ejercido el 53.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), aún no se ejercían 30,234.6 miles de pesos, que representaron el 33.4%, los cuales tampoco se encontraron vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE, reza el informe público.

En el ejercicio de los recursos el Gobierno registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de registro contable presupuestal, servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31 millones 802.8 miles de pesos, que representa el 49.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, ya que el Gobierno proporcionó a la SHCP el informe del cuarto trimestre de 2017, el cual no coincide con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales de los Servicios de Salud de Tamaulipas.

En conclusión, el Gobierno no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.

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